¿Por qué fue posible legalizar la marihuana en Uruguay?

El 19 de julio, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en el cual será posible entrar a una farmacia para comprar de...


El 19 de julio, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en el cual será posible entrar a una farmacia para comprar de manera legal un sobre de marihuana de cinco gramos. Más que eso, la marihuana es producida por el mismo Estado uruguayo, que igualmente le pone un sello de garantía de calidad.

Desde la aprobación de la llamada ley de la marihuana, en diciembre de 2013, mucha gente se pregunta cómo pudo ocurrir en este pequeño país de tan solo 3,4 millones de habitantes —apenas 160.000 dicen consumirla al menos una vez al año y solo 5000 se han registrado como consumidores regulares— y que está rodeado de otros países en los cuales la tradición católica y el conservadurismo de las costumbres todavía traban el avance de legislaciones relacionadas con los derechos civiles, como el aborto o el matrimonio homosexual, ambos también legales en Uruguay.

Muchos creen que la llamada ley de la marihuana (Ley 19.172), que legaliza plenamente la venta y el cultivo del cannabis, se debe solamente a la progresista gestión del exguerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica. Pero esto es una verdad parcial.

La propuesta que fue aprobada por el congreso uruguayo surgió durante el gobierno de Mújica. Pero su concreción dependió de una constelación de hechos históricos que tomó décadas en formarse. Y el hecho principal es la excepcionalidad de la formación del Estado uruguayo, que ofreció el contexto ideal para que la iniciativa prosperara.

El territorio que hoy corresponde a ese país fue considerado por mucho tiempo por los conquistadores españoles como una tierra de nadie y fue ignorado por la Iglesia católica, que tardó en hundir sus raíces y predicar sus reglas en aquel lugar remoto, entonces conocido como la Banda Oriental.

Los uruguayos tuvieron la fortuna de formar su identidad en ese relativo vacío. Y también la de contar con un puerto que, a pesar de ser más pequeño que el de la poderosa Buenos Aires, les ofrecía el contacto con inmigrantes e ideas de varias partes del mundo.

Mientras hoy en toda América Latina se celebra la Semana Santa, en Uruguay tales días de fiesta son conocidos como “semana del turismo”.

Hace un siglo se oficializó en Uruguay la separación entre Iglesia y Estado. Por eso, no se ven crucifijos en los edificios y escuelas estatales y está prohibido mencionar a Dios o fragmentos de los Evangelios en los discursos públicos.

Ser laico, al menos en la esfera pública, es uno de los orgullos de la cultura uruguaya, junto al hecho de haber ganado dos mundiales de fútbol y producido al menos tres artistas plásticos de proyección internacional: Juan Manuel Blanes, Pedro Figari y Joaquín Torres García.

Pero esa excepcionalidad no se habría dado sin el empuje de una acción política de José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX, quien hizo aprobar leyes bastante progresistas para la época, como la jornada de ocho horas, la compensación por desempleo y el divorcio a petición de la mujer.

En 1927, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica donde las mujeres pudieron votar —y fue también el primero en legalizar y reglamentar la prostitución—.

Los gobiernos de Batlle también fueron nacionalistas, antimperialistas y aumentaron la participación del Estado en la economía. Cuando hoy se pregunta a un entusiasta del “batllismo” sobre la Ley de la Marihuana, no es raro oír la respuesta “pero eso no es novedad, ya estatizamos hasta el alcohol en el pasado”.

Y no es mentira. El presidente Batlle, preocupado por la calidad del alcohol que consumía la población, hizo que el Estado monopolizara su producción. La idea, repetida décadas después por Mujica con la marihuana, es que, al menos, consumiendo lo que era producido por el Estado, podría haber más control y mejores garantías de que los ciudadanos no estaban consumiendo un veneno.

Las dificultades que surgen en este momento, sin embargo, están vinculadas al hecho de que, a pesar de ser excepcional, Uruguay no es una sociedad homogénea. Así como en el interior del país hay médicos que se oponen, por “objeción de conciencia”, a realizar los abortos permitidos por la ley, obligando al gobierno a enviar médicos especializados desde Montevideo para realizar el procedimiento, no todos los uruguayos favorecen la venta de la marihuana en las farmacias.

Incluso algunos farmaceutas se resistieron a la idea, argumentando que sus establecimientos podrían ser atacados por pandillas de traficantes y exigieron que las tiendas que vendieran la droga tuvieran cajas fuertes y un “botón de pánico”, que hará sonar una alarma en la comisaría más cercana.

Gasto creciente

En 2011, el Gobierno gastó en las transmisiones presidenciales más de 17 millones de bolivianos, una asignación baja en relación a los próximos años, porque en 2012 dobló su presupuesto a más de 37 millones; en 2013 subió a 43,8 millones.

Mientras que en 2014 y en 2015, que fueron años electorales, su presupuesto se disparó a 67,1 millones y 75,2 millones de bolivianos, respectivamente, y en 2016 bajó a 57 millones. En total significa 297.782.594 bolivianos para todas esas gestiones.

Áñez cuestionó que el promedio mensual para las transmisiones gubernamentales fue de 4.135.869 bolivianos.

“Llama la atención que el año que más recursos gastó el Ministerio de Comunicación es el 2015, previo al referéndum de febrero de 2016. Ese año erogaron más de 75 millones de bolivianos en las transmisiones gubernamentales”, denunció Áñez.

//The New York Times//

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¿Por qué fue posible legalizar la marihuana en Uruguay?
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Amalia Pando Cabildeo
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