El derecho a ser dictador

Por: Álvaro Vargas Llosa - Escritor y periodista.                                                                                       ...


Por: Álvaro Vargas Llosa - Escritor y periodista.                                                                                                                                             
En un ensayo reciente sobre la corrupción de las instituciones políticas tras un simposio organizado por “The New Criterion”, Roger Kimball utiliza dos epígrafes, uno de Edmund Burke, el pensador británico del siglo XVIII, y otro de James Madison, uno de los fundadores de Estados Unidos, que calzan como guante en el acto de despotismo que acaba de perpetrar Evo Morales en Bolivia.

La cita de Burke, sacada de uno de sus famosos panfletos, sostiene, a propósito de la conducta de Jorge III, que “las formas de un Estado libre y de un Estado arbitrario no eran cosas del todo incompatibles”. La de Madison, tomada de El federalista, la recopilación de ensayos que sirvieron para defender la Constitución estadounidense, afirma que la gran dificultad para diseñar un Estado en el que los hombres gobiernen sobre los hombres es que “primero tienes que permitir que los gobernantes controlen a los gobernados y, en segundo lugar, obligar a los gobernantes a controlarse a sí mismos”.

Casi dos siglos y medio después de escritas estas observaciones sobre la tendencia del poder a perpetuarse usando las armas de la propia democracia, un nuevo ejemplo latinoamericano nos recuerda el problema medular de esta región del mundo. Haciendo tabla rasa de la legalidad y la constitucionalidad, el régimen de Evo Morales ha allanado el camino para que él se presente a una cuarta elección presidencial consecutiva y a las que quiera en el futuro.

No lo ha hecho declarándose “dictador”, cerrando el Parlamento y los tribunales, o sacando los tanques a las calles. Le ha bastado que dos instituciones de la democracia, la Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional Plurinacional, desmonten el entramado jurídico de la propia democracia -y reviertan la decisión del pueblo boliviano expresada mediante referéndum- para dejar las cosas expeditas, a fin de hacerse reelegir indefinidamente. En ese sencillo y grave acto está resumida la tragedia de las repúblicas independientes de América Latina. De todas las formas que asume el populismo en esta parte del mundo para perpetrar sus estropicios, la más importante, la que define a todas, es la concentración desmesurada, ilimitada, de poder en manos del “redentor” (según la feliz expresión de Enrique Krauze) que se erige por encima de las instituciones para salvar al pueblo.

Los antiguos romanos inventaron la figura del “dictador” para situaciones de emergencia. El Senado delegaba en los “cónsules”, ante una emergencia, por lo general de tipo militar, la responsabilidad de proponer el nombre de un magistrado al que, temporalmente, se le otorgaban poderes extraordinarios para mandar. Una vez pasada la emergencia -o, en su defecto, habiendo transcurrido seis meses-, el Senado le retiraba a ese magistrado dicho poder. Con el tiempo, el sistema degeneró y, mucho después de Roma, el mundo occidental vivió distintas formas de dictadura que poco tenían de temporales, al menos voluntariamente, y a las que los críticos denunciaron utilizando el vocablo romano. La forma que emplea Morales es una de las variantes más perversas: aquella en la que, en lugar de abolir las instituciones de la democracia, hace que ellas mismas le concedan los poderes dictatoriales de forma vitalicia.

En este caso, un grupo de diputados enfeudados a él, encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, plantearon un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral. Los magistrados, por unanimidad, aceptaron los argumentos de los diputados y dieron la luz verde a Morales, que gobierna desde 2006, para presentarse a la tercera reelección -o cuarta elección- consecutiva en 2019 a fin de que pueda gobernar de 2020 a 2025.

Pero la argumentación ni siquiera fija el siguiente mandato como un límite: más bien como el comienzo de una secuencia potencialmente infinita. Porque el argumento es que la postulación de Morales es un derecho político que él tiene como ciudadano; que ese derecho está amparado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que, según la Constitución boliviana, los tratados internacionales prevalecen sobre la legislación interna del país cuando ello redunda en beneficio de los derechos humanos, y que, por tanto, los artículos de la Ley de Régimen Electoral que limitan su reelección son inconstitucionales.

Esta argumentación, aceptada por el tribunal que, se supone, existe para impedir la violación de la Constitución, será válida no sólo en las elecciones del próximo año, sino en las que tengan lugar cinco años más tarde, y así sucesivamente. Por tanto, Morales ha convertido la ya dúctil democracia boliviana en una plastilina con la que sus manos juegan a su antojo. Ha demostrado, una vez más, que un Estado libre y un Estado arbitrario pueden ser la misma cosa, que se puede vestir a un sistema dictatorial con los atuendos de una democracia formal.

El proyecto vitalicio era evidente desde el inicio, como lo fue en todos los gobernantes populistas, empezando por Hugo Chávez, que desde finales del siglo pasado llegaron al poder por la vía electoral y de inmediato organizaron las cosas para reemplazar las instituciones por otras, dóciles y cómplices.

Recordemos que Morales, quien llega al poder en 2006, convoca a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Fundamental y que en ella ocurren, entre muchas otras, dos cosas que facilitarán luego su perpetuación en el mando. Una: los constituyentes cambian el nombre del país, que deja de ser la República de Bolivia y pasa a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. La otra: la nueva Constitución permite dos mandatos consecutivos, es decir, una reelección.

Con lo primero, Morales se aseguró de que el mundo empezara de nuevo, por tanto de que la legalidad anterior, de un país que ya no existía, quedase abolida. Así, su primer mandato dejó de ser el primero: su reelección, que ocurrió en 2009, se convirtió en su primera elección. Lo segundo permitió que, cumplido ese segundo mandato que había pasado a ser el primero, pudiera presentarse en las elecciones de 2014 sin violar su Constitución. Para ello necesitó que el Tribunal Constitucional, usando un mecanismo muy similar al que había empleado en su día Alberto Fujimori en el Perú, interpretara que el primer mandato no había sido el primero y que Evo Morales había empezado a gobernar a partir del periodo surgido bajo la nueva Constitución.

El tiempo pasó y llegó el tercer gobierno consecutivo de Morales -segundo bajo la nueva Constitución-, lo que implicaba que, con las reglas de juego que él mismo se había hecho dar, debía abandonar el poder en 2020 por estar impedido de presentarse a los comicios de 2019. La solución que ideó para sacar del camino el escollo y presentarse al cuarto mandato consecutivo fue un referéndum, que convocó, obedientemente, el Tribunal Electoral en febrero de 2016. A estas alturas, ni Evo Morales era ya tan popular como antes, ni había estómago suficiente en la ciudadanía como para tragarse un bocado reeleccionista tan suculento. Ocurrió lo impensable: más de 51% de los votantes le dijeron “no” en el referéndum. Morales se había comprometido a cumplir la decisión -que era vinculante- afirmando, cuando fue convocada la consulta, que “si el pueblo dice no”, él se iría porque “no vamos a hacer un golpe”.

Así es como llegamos a noviembre de 2017, en que fue menester volver a hacer compatibles -en palabras de Burke- el Estado libre y el Estado arbitrario, es decir a usar las formas de la democracia para abolir la democracia. El Tribunal Constitucional, aceptando la argumentación de los diputados del MAS, el partido oficialista, ha hecho escarnio de la Constitución del propio Morales que limitaba a una sola el número de reelecciones y del referéndum, la voz del pueblo, que en un régimen populista es, se supone, incontestable.

La argumentación del régimen de Morales -todas las instituciones del Estado son suyas porque él manda en ellas tras haber acabado con el juego de pesos y contrapesos diseñado en una democracia liberal para impedir el abuso de poder- es que sus derechos políticos estaban siendo vulnerados por la legislación electoral. Legislación electoral que el propio Morales había hecho aprobar bajo los parámetros de la nueva Constitución, también suya. Para esto se recuesta en el artículo 23 del Pacto de San José (a Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en 1969, que es un pilar del Sistema Interamericano).

Ese artículo habla de los derechos de los ciudadanos a participar en política y tiene como razón de ser exactamente lo contrario de lo que Morales pretende hacer creer a su país. La función de ese artículo es proteger a los ciudadanos contra el despotismo, consagrando sus derechos políticos (el derecho a ser elegidos, por ejemplo), que forman parte de sus derechos humanos. No dice que para proteger esos derechos haya que violar la legalidad, es decir los derechos de los demás, que es lo que está haciendo Morales. Su espíritu (lo más importante) y su letra (limitada, como inevitablemente lo es todo texto de este tipo) tienen la clara finalidad de evitar la dictadura, no de entronizarla.

El ex Presidente Jorge Quiroga ha dicho que Morales está invocando, insólita y cínicamente, el derecho a ser tirano. Y ha pedido, junto con muchas otras voces bolivianas, que el propio Sistema Interamericano se pronuncie. Es imperiosamente necesario, sin duda, que ello suceda. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (y la Corte de Derechos Humanos del mismo organismo) seguramente tendrán en sus manos, más temprano que tarde, esta papa caliente. Aunque algunos de sus fallos han sido controvertidos, y aunque es verdad que hay en dichas instancias algunas personalidades con simpatías políticas de izquierda (habrá pronto, por cierto, una renovación de miembros), en lo que se refiere a la defensa de la democracia y los derechos humanos el balance es muy positivo. Hay hoy día, además, en la Secretaría General de la OEA un líder que está jugando un papel de primer orden en la defensa del estado de derecho. No es concebible que, ante esta aberración emblemática del mal político de nuestro tiempo, avalen la interpretación delirante que La Paz pretende hacer del Pacto de San José.

Todos sabemos, sin embargo, que la verdadera batalla no se libra en Washington, sino en Bolivia, donde una mayoría se opone al “derecho” de Morales a ser tirano. No hay duda de que se vienen meses violentos, en los que el gobierno empleará todo lo que esté a su alcance para salirse con la suya. Ojalá, por el bien de América, que no lo logre.

 

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