Tras nueve años, el caso terrorismo llega a la jurisdicción internacional

Se cumplen nueve años de la intervención policial al cuarto piso del hotel Las Américas en Santa Cruz, donde fallecieron los extran...


Se cumplen nueve años de la intervención policial al cuarto piso del hotel Las Américas en Santa Cruz, donde fallecieron los extranjeros Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi. Sin embargo, este aniversario tiene un matiz diferente a los ocho anteriores porque hace unas semanas se confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), admitió una denuncia presentada contra el Estado de Bolivia, representado por el presidente Evo Morales.

El “derecho de petición” que significa un pedido de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, fue presentado el 21 de septiembre de 2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Francisco Tádic Astorga y otros. El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018

Según Erbol, el Gobierno fue notificado el 4 de marzo de 2016 y, entre junio a septiembre de 2017, presentó observaciones desconociendo la jurisdicción y competencia de la CIDH para revisar sentencias pronunciadas por tribunales nacionales, y con ello prolongó un mayor debate que al final concluyó en que la CIDH se declaró competente para admitir un derecho de petición por casos vinculados a los derechos a la vida.

Ante esta noticia, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que equivale a “pretender juzgar al Presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas”.

Recuento

El justificativo para la intervención policial el 16 de abril de 2009 fue la supuesta conformación de una organización terrorista con el apoyo de las logias cruceñas que pretendía separar Bolivia e incluso matar al presidente Evo Morales.

Durante el avance del juicio, las declaraciones de testigos, procesados, autoinculpados y hasta exfuncionarios de Gobierno hacen referencia a que se trata de un caso montado por el Gobierno nacional con la finalidad de derrocar el movimiento cívico autonomista que esos años había adquirido un importante protagonismo. Esto fue tajantemente rechazado por el Gobierno, que asegura que existió una célula terrorista que tenía el objetivo de separar el país y atentar contra el Ejecutivo.

La Fiscalía atribuyó a Rózsa la responsabilidad de los atentados: el primero en casa del entonces viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, el 28 de marzo de 2009, y el segundo en casa del Cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril del mismo año. Pero Gary Prado Arauz, abogado de algunos de los actuales acusados, tiene otra teoría que —dice— es fundamentada con pruebas fehacientes. Sostiene que el Gobierno trajo a Rózsa para cumplir un papel de agente provocador. El húngaro-boliviano había tomado contacto con personas ligadas a la institucionalidad cívica cruceña. “Contaminaba y provocaba a la gente para que participe de una aventura para que después se las persiga políticamente”.

El jurista relata que Rózsa formó parte del atentado en la casa de Ávalos junto a Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo; Luis Clavijo, exdirector de Régimen Interior, y Wálter Andrade, exjefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc). Instantes previos al atentado, Villa Vargas y Rózsa recibieron una llamada de un número fijo de la ciudad de La Paz y, realizadas las investigaciones posteriores, se determinó que ese número pertenecía a Carlos Núñez del Prado, que fungía como director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.

Prado considera que la resistencia política al Gobierno se había debilitado paulatinamente puesto que, entre otras cosas, ya había ocurrido la masacre de Porvenir, en septiembre de 2008, que terminó con el encarcelamiento del entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. Entonces, la presencia de Rózsa en Bolivia parecía ya no ser necesaria, pues incluso —según Prado— había dejado de recibir financiamiento del Gobierno, por lo que él planeaba abandonar el país; sin embargo, días después, “alguien hace el atentado en la casa del Cardenal” y al día siguiente ejecutan el operativo en Las Américas.

“Lo matan y le achacan el atentado a la casa del Cardenal (Julio Terrazas ). El Gobierno los acusaba de ser una parte de una trama separatista, terrorista, magnicida. Todo esto es un plan preconcebido”.

Uno de los elementos que sustenta esta tesis es la existencia de un flash memory en cuyo contenido se encuentra el Plan Santo, consistente en una descripción que hace referencia a que el Cardenal pasaría la semana santa en su finca de Masicurí (Vallegrande) y que la noche del 15 de abril de 2009 Dwyer y Rózsa se dirigirían a la casa del líder religioso. Una vez en el lugar, Dwyer arrojaría una bomba y escaparían hacia un “lugar seguro”.

Ese flash memory también incorpora, según Prado, el plan Larga Vista, en el que se habla de un asesinato al presidente Morales por un francotirador en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz. “Y así hay como cuatro o cinco planes terroristas magnicidas en ese flash memory”, dice Prado.

Cuando Elod Tóásó y Mario Tadic, las dos personas que se encontraban en el hotel Las Américas y no fueron dados de baja, llegaron a La Paz, un policía pide a Tóásó reconocer como suya una mochila, misma que en su interior contenía una pistola, una granada y el mencionado flash memory. Según Prado, el Gobierno pretendía incluir dicho aparato en las pertenencias de los acusados.

Otro elemento que Prado destaca como parte de un presunto montaje es la presencia de armas en el estand de Cotas, en el campo ferial de la Fexpocruz. El abogado sostiene que, una noche antes del allanamiento a ese lugar, un funcionario de Cotas que revisaba el aire acondicionado reportó que no había ningún arma. Sin embargo, a la mañana siguiente, la Policía realizó el allanamiento en dicho estand y mostró a los medios de comunicación decenas de armas, de las que no se hizo ninguna prueba dactiloscópica.

En una de sus declaraciones, Ignacio Villa Vargas, considerado en algún momento como el testigo clave, reveló que esas armas pertenecen al Ejército de Bolivia y fueron introducidas al estand de Cotas por él y el entonces jefe de nacional de inteligencia, Jorge Santisteban; el jefe de la Utarc, Wálter Andrade, y la policía Marilyn Vargas.

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(2) Eduardo Rozsa Flores, el presunto líder de la célula terrorista.
AFP
SEPA MÁS
Tres de cinco extranjeros murieron en operativo

El 16 de abril de 2009, cinco extranjeros estaban instalados en habitaciones separadas del piso cuarto del hotel Las Américas de Santa Cruz. En horas de la madrugada, se desplegó un operativo policial que acabó con vida de Eduardo Rózsa, Árpad Magyaros y Michael Dwyer, y detuvieron a Mario Tadic y Elöd Tóásó, únicos sobrevivientes del operativo.

Tres años después se inicia el juicio en La Paz

En octubre de 2012, comenzó el juicio, conocido como el caso terrorismo, con 39 acusados, de los cuales sólo 21 estaban presentes y el resto declarados como rebeldes.

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(3) El exfiscal del caso terrorismo Marcelo Sosa se refugió en Brasil.
AFP
DATOS
Fiscal extorsionaba a los acusados

La investigación del caso terrorismo dirigida por el exfiscal Marcelo Sosa involucró a más de 200 personas y muchas de ellas fueron extorsionadas para ser separadas del proceso investigativo. Uno de los casos concretos es la extorsión a Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados que el pasado 18 de marzo abandonó el penal de Palmasola tras ocho años de prisión preventiva.

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Caso terrorismo
LOS TIEMPOS

OPINIÓN
“El Gobierno tiene que responsabilizarse en algún momento”

Carmen Eva Gonzales Senadora (UD)

Es un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Es un caso que ha sido armado por el Gobierno y las pruebas están ahí. En primera instancia, los videos que se han hecho públicos respecto al asesinato de los tres extranjeros en el hotel Las Américas. Hay contundente información de que no hubo cruce de balas, sino que se ha armado un escenario para que se vea así, pero todos los indicios muestran que esto ha sido preparado por el Gobierno.

Tomemos en cuenta lo que dijo el Presidente (Evo Morales) en Venezuela días antes de que se ejecute a estos extranjeros. Él ha dado la orden, y lo dijo todos los medios de comunicación, ha salido de todas las redes sociales, es instructiva del presidente Morales.

Aquí no hay indicios de que se quiera buscar la verdad de los hechos, de que se quiera perseguir ante la justicia a los verdaderos responsables, porque hay grandes responsables. Uno de ellos que es el articulador de todo esto es el hermano del vicepresidente, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, juntamente con otros operadores y grupos como la Utarc.

También las pruebas demuestran hechos de extorsión. Las fotografías demuestran que ha habido una ejecución extrajudicial ante estos tres extranjeros.

Yo he hecho seguimiento a este caso y voy a seguir adelante porque quiero ver a los verdaderos responsables frente a la justicia. No es así que el Gobierno va a poder llenarse la boca hablando de separatismo, hablando de ciertas aseveraciones cuando la realidad es otra: el Gobierno tiene muchas muertes sobre su espalda y él tiene que responsabilizarse en algún momento.

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(2) Mario Tadic y Elod Tóásó salen del país tras declararse culpables, en 2015.
AFP

Estiman que el juicio durará dos años más

Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados por el caso terrorismo y que desde el pasado 18 de marzo permanece con detención domiciliaria a causa de problemas de salud, considera que el juicio no finalizará en menos de dos años, puesto que a los fiscales y los jueces que llevan el caso no les preocupa que hayan personas privadas de libertad de manera preventiva hace más de ocho años.

El acusado dijo que actualmente en cada una de las audiencias se leen las pruebas colectadas por el fiscal Marcelo Sosa, y que la actual consta de más de 4.600 hojas y recién se han leído unas 1.600. “Significa que en el saldo de lo que queda este año no vamos a terminar esta prueba, y existen unas dos o tres pruebas más de ese mismo estilo. Es una locura este caso, no va a terminar en menos de dos años, no hay manera”, dijo.

Agregó que el caso fue armado para llevar al cansancio a los procesados y agotarlos económica, moral y físicamente para que éstos decidan declararse culpables. Esa determinación, hasta la fecha, ya fue tomada por seis de los 21 enjuiciados.

Matkovic Ribera, según la acusación presentada por el fiscal Marcelo Sosa, formaba parte de un grupo que tenía que haberle dado apoyo logístico e económico a Eduardo Rózsa, además de proveerle una propiedad en la localidad de San Ramón.

Sólo hay seis sentenciados en nueve años de juicio

De los 39 acusados con los que comenzó el juicio, hasta la fecha hay sólo seis sentenciados. El primero fue Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien en 2015 optó por un juicio abreviado y cambió su declaración para dejar de lado a presuntos implicados del Gobierno. Posteriormente, Mario Tadic y Elod Tóásó también se declararon culpables y en su audiencia implicaron al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. En abril de 2015, ambos dejaron el país con ayuda de Hungría, donde actualmente residen.

Asimismo, Juan Kudelka y Zoilo Salces se declararon culpables y fueron sentenciados a seis años de cárcel que cumplieron con la detención preventiva, por lo que salieron en libertad en abril de 2015. Kudelka era el presunto encargado de financiar, junto a Branko Marincovic, a través del grupo La Torre, el operativo separatista, mientras que Salces era un enlace del grupo separatista en Beni.

El último en declararse culpable fue Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, en junio de 2016. Fue acusado por el delito de alzamiento armado en el grado de complicidad y sentenciado a seis años de cárcel, pena que cumplió en detención preventiva, por lo que dejó la cárcel ese mismo año. Aún quedan tres acusados: Guedes, Mendoza y Matkovic. Este último obtuvo detención domiciliaria en marzo pasado.

//Los Tiempos//

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Amalia Pando Cabildeo: Tras nueve años, el caso terrorismo llega a la jurisdicción internacional
Tras nueve años, el caso terrorismo llega a la jurisdicción internacional
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Amalia Pando Cabildeo
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