Informe oficial revela que Quiborax discutió perfil de fallo judicial en la Procuraduría

  Fue en agosto de 2016 cuando se trató una sentencia judicial con los representantes del consorcio Quiborax-Non Metallic Minerals-Al...

 
Fue en agosto de 2016 cuando se trató una sentencia judicial con los representantes del consorcio Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk. El día 4 de ese mes se cometió un ‘error’ que desveló que funcionarios de la Procuraduría General del Estado y abogados de la compañía chilena estaban discutiendo el proyecto de un fallo, algo que, en cualquier caso, es competencia exclusiva de un juez. Esto se conoció por correos electrónicos que salieron de la computadora de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti Barrientos, con destino a delegados de alto nivel del consorcio minero, que terminaron ganándole un arbitraje a Bolivia por $us 42,6 millones.

El 4 de agosto de 2016 se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Llorenti, en el centro paceño. Estos ambientes pertenecen o son alquilados por la Procuraduría. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el “retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial”, según dicta el proceso administrativo disciplinario que se instaló contra Llorenti el 28 de marzo de 2018. EL DEBER accedió al documento oficial del caso Llorenti.

En el fondo, dicha negociación puede referirse al juicio penal que instaló la Fiscalía por falsificación de documentos en contra del ciudadano chileno Allan Fosk y otras ocho personas más que trabajaban para Quiborax.

La Fiscalía acusó en 2008 a estos ciudadanos por el presunto delito de falsificación del acta de Quiborax-NMM, documento que permitió al consorcio minero iniciar un proceso arbitral contra el Estado boliviano en el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de que en junio de 2004, Carlos de Mesa revocó por decreto sus concesiones.

Sin comentarios
En contacto con EL DEBER, Llorenti evitó emitir un pronunciamiento al respecto, aunque admitió la veracidad del proceso administrativo disciplinario que se instaló en su contra por parte de la Dirección Jurídica de la Procuraduría General del Estado. Al final, consultada sobre el modelo de sentencia que estaba en su correo electrónico, pidió que esa información sea consultada a la repartición pública donde trabajaba. “Evidentemente, hay un proceso. Lo único que le pediría es que cualquier información la requiera ante la Procuraduría, son ellos los que tienen la información”.

Al respecto, el procurador Pablo Menacho, en un cuestionario que respondió para esta casa periodística, dijo que “no se trabajó ningún modelo de sentencia” y que en la reunión con Llorenti en la Procuraduría se trataron “propuestas” del lado chileno para un eventual cierre del caso Quiborax.

La Procuraduría inició el proceso administrativo disciplinario RPAD/ASE/004/2018 contra Carmiña Llorenti el 28 de marzo de 2018. Esta investigación interna (PGE7DESP/Nª001/2017) la instruyó Héctor Arce, actual ministro de Justicia, el 3 de enero de 2017, fecha en la que aún era procurador. En el documento se detalla que la ex subprocuradora, según su descargo, prestó su computadora estacionaria a Rodrigo Gil, uno de los abogados de Quiborax, el 4 de agosto de 2016, durante una reunión en la Subprocuraduría.

EL DEBER buscó a Arce entre viernes y sábado para conocer su versión del caso, pero el ministro de Justicia se trasladó a La Haya (Holanda), para asistir a la reunión que encabeza Evo Morales con el equipo que ve la defensa del Silala, de modo que, según sus colaboradores, no podía contestar.

La ex subprocuradora, según el proceso, dejó abierto su correo electrónico, lo que permitió al jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.

Los descargos de Llorenti
Llorenti, otra vez en su descargo, catapulta una versión que roza la historia de espionaje: los abogados chilenos abusaron de su confianza para mandar desde su correo electrónico los documentos. “Dichos documentos fueron trabajados de forma coordinada con los representantes de Quiborax, aparentemente, de manera inicial en un dispositivo de almacenamiento masivo”, detalla el informe.

Luego, la ex subprocuradora explicó que en la fecha de la reunión, la señal de internet no funcionaba en su oficina, por lo que prestó a Gil su equipo, quien insistía en que necesitaba internet para realizar sus pendientes.

En esa reunión acompañaban a Llorenti la directora general de Defensa 3, Yovanka Oliden Tapia, y el servidor Mario Gutiérrez Fernández. La cita fue con representantes del bufete de abogados Bofill Mir & Alvares Jana, que defendió a Quiborax. Los juristas de esa firma que llegaron a la oficina pública boliviana fueron Rodrigo Gil Ljubetic y Constanza Onetto, pero también estuvo Daniel Ocqueteau, gerente legal de Quiborax.

“(Gil) se envió del correo personal (de Llorenti) a su correo, al de Daniel (Ocqueteau) y al de Constanza (Onetto), al igual que a Yovanka (Oliden), estos documentos sin autorización”, explicó Carmiña Llorenti en una nota que llegó en un sobre cerrado a manos del actual procurador general del Estado, Pablo Menacho.

La ex subprocuradora, en su versión dentro del proceso administrativo disciplinario, dice que los documentos eran “confidenciales” y consistían en: “1) retiro de acusación de querellante, 2) retiro de acusación de Ministerio Público y 3) proyecto de sentencia judicial”.

El mismo documento desvela que hubo dos tipos de sentencias judiciales: una fue un proyecto y la otra tuvo cambios ejecutados. Al final, la subprocuradora Llorenti fue destituida de la Procuraduría porque el proceso administrativo halló indicios de responsabilidad en su contra por tres razones: no informar a su inmediato superior del envío de correos electrónicos a los representantes de Quiborax, por remitir desde su casilla digital documentación relacionada al caso con el consorcio chileno y, por último, por prestar bienes (computadora para su uso personal) que pertenecen a la Procuraduría.

La posición de Menacho
El procurador respondió a un cuestionario de EL DEBER sobre el proceso administrativo instaurado en contra de Llorenti. Menacho descargó que la ex subprocuradora , a solicitud de la defensa de Quiborax, “discutió” documentos para un eventual cierre del caso con base en los requerimientos de los demandantes.

“Fueron propuestas trabajadas por los demandantes para cumplir con sus expectativas, en el marco del laudo, los tratados internacionales y demás decisiones del tribunal arbitral”, destacó Menacho, quien sobre el modelo de sentencia negó que exista ese documento e insistió que del correo de Llorenti solo salieron “propuestas” de Quiborax.

Según la Fiscalía, en 2008 un grupo de personas vinculadas a Quiborax falsificó el acta de constitución del consorcio minero para poder operar en Bolivia bajo acuerdos y tratados bilaterales. Los acusados fueron Allan Fosk, David Moscoso, Fernando Rojas, Dolly Paredes, María del Carmen Ballivián, Daniel Gottschalk, Isaac Frenkel, Lorena Fernández, Yuri Espinoza, Ernesto Ossio y Tatiana Terán. Gilka Salas no fue imputada a pesar de estar entre las acusadas.

De ese grupo solo Moscoso, quien fue accionista de Quiborax, fue condenado previa declaración de culpabilidad para acceder a un juicio abreviado. La justicia lo condenó a dos años de cárcel. Los demás siguieron el proceso hasta que fueron absueltos de culpa.

En 2006, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de nueve años de conflicto, determinó que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax por haber caducado una concesión en el salar de Uyuni, en Potosí.

El Estado boliviano apeló la decisión, pero aún así el dictamen fue contrario al interés nacional.

Al final, Bolivia acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero Quiborax tras ser derrotado en el proceso del Ciadi. Este pago se dio tras conocer la información de que en 2008 la compañía chilena negoció terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de 3 millones de dólares, según un informe oficial del Gobierno al que tuvo acceso este medio la semana pasada. Ese acuerdo no tuvo éxito y fue en la gestión de Héctor Arce en el Ministerio de Defensa Legal.
 
//El Deber//

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